«En la inmatriculación de bienes durante el periodo 1998-2015, la Iglesia cooperó y actuó con diligencia cumpliendo las normas civiles en todo momento, facilitando así la labor de la Administración. La Iglesia nuevamente ha cooperado, porque nunca se ha opuesto a colaborar con las autoridades seculares ante cualquier irregularidad patrimonial del tipo que sea».

«El pasado lunes la Conferencia Episcopal concluyó el informe que ha realizado la Iglesia sobre el listado de bienes inmatriculados entre 1998-2015 y lo entregó al Gobierno coincidiendo con la visita del presidente Sánchez a la Casa de la Iglesia. Al mismo tiempo, la Iglesia publicó dicho informe completo en su página web. Todo un ejercicio de trasparencia de los que no se dan últimamente y que nos permite poder conocer a todos los ciudadanos los detalles del mismo».

Así lo afirman desde la Conferencia Episcopal tanto el Vicesecretario para Asuntos Generales, Carlos López, como el Vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Barrioconal, en sendos párrafos de sus respectivos artículos publicados en los diarios ABC y El Mundo.

Por su parte, la registradora de la propiedad Isabel de Salas sostiene como «desde sectores sociales y políticos, poco amigos de la libertad religiosa y de la libertad en general, se ha seguido una campaña de desprestigio contra la Iglesia Católica, centrada en lo que absurdamente siguen llamando «ilegalidad» de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia».

¿Debe la Iglesia devolver bienes?

El Mundo Fernando Giménez Barriocanal

El autor explica los datos fundamentales del informe sobre el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia durante el periodo 1998-2015 y aclara muchas cuestiones inciertas que se han difundido

HABLAR mal del dinero o de los bienes de la Iglesia es siempre algo entretenido. Está en nuestro ADN. Y, a veces, con razón. No obstante, hay que decir que en los últimos años la Iglesia ha hecho un importante esfuerzo en materia de transparencia para explicar los recursos que tiene y a qué los dedica. Aún así, todo es mejorable.

En febrero del año pasado y a petición del Congreso de los Diputados, el Gobierno hizo público un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia durante el periodo 1998-2015, donde aparecían un total de 34.976 bienes que podrían estar registrados a través del mecanismo extraordinario de certificación. Este sistema, del que ya tuve ocasión de escribir hace más de tres años en EL MUNDO (La Iglesia, ¿nos roba?) se estableció para poder inscribir en el registro aquellas propiedades que desde hace siglos eran propiedad de instituciones centenarias como lo es la Iglesia o algunas administraciones públicas. De esta forma, el registro de la propiedad adquiría mayor seguridad jurídica. Hasta 1998 no estuvo completamente abierto para los bienes destinados al culto y, aunque el registro no es elemento acreditativo de la propiedad sino meramente declarativo, es decir, el hecho de estar registrado no otorga la propiedad pero sí la defiende, parecía lógico que la Iglesia inscribiera a su nombre aquellos bienes que históricamente eran suyos.

La publicación de este listado causó cierto ruido mediático por el volumen de los registros y por ser la Iglesia, claro. La polémica venía de lejos y algunos proclamaban que la Iglesia se había apropiado de bienes del pueblo como las grandes catedrales por apenas 30 euros que podía costar el trámite. En el fondo, siempre presente la Mezquita-catedral de Córdoba, que se ha convertido en una auténtica obsesión para algunos. No obstante, junto con el listado, conviene recordar que el Gobierno incluyó un completo informe del Ministerio de Justicia donde se aclaraba que dichas inmatriculaciones se habían realizado conforme a la legalidad vigente. Todo el proceso era perfectamente legal.

Pronto el tema de las inmatriculaciones empezó a formar parte de la agenda de temas ordinarios de las conversaciones entre la Iglesia y el Estado, formándose una comisión ad hoc para su estudio. En dichas conversaciones con el Gobierno y sin que recibiera una sola denuncia por parte de éste, la Iglesia decidió revisar una a una todas las anotaciones contenidas en el listado. Todas las diócesis españolas se pusieron a trabajar y a revisar; un trabajo ciertamente prolijo. Con todo el proceso, lo que quiso dejar la Iglesia claro es que no quería que se le atribuyera ningún bien que no fuera suyo y si hubiera algún error colaboraría para corregirlo.

El pasado lunes la Conferencia Episcopal concluyó el informe y lo entregó al Gobierno coincidiendo con la visita del presidente Sánchez a la Casa de la Iglesia. Al mismo tiempo, la Iglesia publicó dicho informe completo en su página web. Todo un ejercicio de trasparencia de los que no se dan últimamente y que nos permite poder conocer a todos los ciudadanos los detalles del mismo. De ese estudio, en primer lugar, se deduce que la gran mayoría de dichas inmatriculaciones están correctamente registradas, (Mezquita-Catedral incluida), tal y como reconoció el Gobierno hace un año y que ahora se ratifica en el acuerdo alcanzado con la Iglesia.

No obstante, en este contexto de cooperación Iglesia-Estado se ha publicado en algunos medios que «la Iglesia admite que un millar de bienes que había inmatriculado no son suyos» y que, por tanto, los tiene que devolver. De esta forma parece que la Iglesia reconoce que ha actuado mal, que se había quedado con bienes que no eran suyos y que el Gobierno le obliga ahora a devolverlos. La información no es correcta ni rigurosa. La verdad es bien diferente y es evidente que quienes lo afirman no se han molestado en revisar el informe.

Veamos la realidad. De la revisión del listado efectuada por las diócesis han surgido cerca de 2.500 registros que presentan incidencias, incluidas todas en el informe, una por una. Se trata, por ejemplo, de 111 bienes que figuran por duplicado en los registros, 746 bienes inscritos con anterioridad a 1998 (por tanto no procede su inclusión) o 691 bienes que las distintas instituciones adquirieron mediante compraventa, herencia, permuta, etcétera, es decir, por procedimientos distintos a la certificación. Incluso se incluye un bien en Hoyo de Manzanares que pertenece a la Comunidad judía.

Y, entonces, ¿de dónde salen ese millar de bienes citados que la Iglesia se apropió y debe devolver? La cuenta es fácil. Son 943. El informe detalla 31 bienes que explícitamente no se han inmatriculado por la Iglesia según esta misma declara, 28 bienes donde se aprecian serios errores dado que dichos bienes, en su mayoría, no existen y 276 bienes que, a día de hoy, no son de las instituciones de la Iglesia, ya sea porque se hubieran vendido, donado a ayuntamientos o que se encuentran sepultados en un pantano como en el caso de Zamora, etcétera.

Desde luego será difícil devolver un bien que no existe, que es de otra persona o que está sumergido; en fin…

Por último, el informe incluye un total de 608 bienes de los que la Iglesia declara que no puede validar el registro por «información insuficiente». Ello no significa necesariamente que no sean suyos sino que, con los datos disponibles en el listado, no se puede identificar o garantizar la titularidad y por tanto, tendrán que ser objeto de mayor análisis. En este punto, junto con los anteriores, como no puede ser de otra forma, la Iglesia colaborará para aclarar en todo lo posible la titularidad y actuar en consecuencia. Este es el verdadero compromiso y no otro.

Los bienes de la Iglesia están al servicio de toda la sociedad y son efectivamente del pueblo… del pueblo de Dios, del pueblo cristiano. Son bienes destinados en su inmensa mayoría a contribuir de una u otra manera, con los fines de la Iglesia, es decir: el anuncio del Evangelio y de los valores que se derivan de él que construyen nuestra sociedad, la vivencia de la fe de millones de católicos y por supuesto la inmensa labor social y asistencial que realizan las distintas instituciones de la Iglesia. Trabajando de verdad, no en la teoría ni con grandes discursos, sino a través de sus más de 9.000 centros asistenciales por donde pasan cada año más de cuatro millones de personas (enfermos, mayores, pobres, mujeres víctimas de violencia, drogodependientes, emigrantes, parados…). Son datos recogidos en la memoria anual de la Iglesia que, por cierto, también está publicada en la web de la Conferencia episcopal, después de haber sido verificada por una empresa auditora.

VIVIMOS en una sociedad con grandísimos retos: el envejecimiento, la crisis de natalidad, las enfermedades mentales, el suicidio, la violencia hacia los más débiles, el acceso a la pornografía de los más pequeños, las nuevas adicciones, el paro especialmente en los jóvenes, la crisis económica, la falta de respeto o el acoso al que piensa distinto de mi o viene de otro país, los populismos irracionales…). Todo esto nos empobrece tremendamente y nos genera una enorme incertidumbre como sociedad.

Más allá de los bienes materiales, la Iglesia pone a disposición de toda la sociedad sus bienes espirituales, que no son pocos. Bienes que están en las raíces de nuestra cultura como la tan denostada, por algunos, familia tradicional que ha supuesto un auténtico primer escudo social en las sucesivas crisis económicas que venimos padeciendo, donde las familias se ayudan entre sí, los hermanos, los abuelos a los nietos, etcétera. Sólo hay que salir a la calle para verlo.

Los valores que predica la Iglesia (no solo ella, claro) y que derivan del Evangelio son valores que construyen al hombre y a la sociedad, que le dan razón para vivir en medio de las dificultades y que contribuyen al desarrollo integral de las personas y de la sociedad. Una sociedad basada en el bien común, donde cada persona contribuye de manera generosa en el progreso de todos.

Por eso, con independencia de las creencias que uno tenga y practique, la propia Constitución española considera el hecho religioso desde una perspectiva de laicidad positiva, afirmando la libertad religiosa y alentando las adecuadas relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones (artículo 16 CE). No se trata de que los gobiernos sean católicos o no, se trata más bien de valorar todo el bien que puede hacer el ámbito religioso, en el plano cultural, formativo y educativo, así como en el ámbito asistencial. Y no solo valorarlo, sino reconocerlo e impulsarlo.

Tal vez, al menos por un momento, deberíamos abandonar algunos prejuicios trasnochados de un pasado cada vez más antiguo y distante y trabajar juntos por el futuro de nuestro país, donde la Iglesia, dentro de la sociedad, puede seguir aportando mucho. Sin privilegios, sin discriminaciones.

Fernando Giménez Barriocanal es vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española.

La cooperación diligente de la Iglesia

Carlos López Segovia, ABC La Tercera Martes, 25 de enero de 2022

Carlos López Segovia es vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española

«No interesan las ermitas en ruinas, las iglesias debajo de pantanos o las capillas sepultadas por carreteras que aparecen en el listado de inmuebles que el Gobierno entregó al Congreso de los Diputados en febrero de 2021, sino las catedrales de siempre, como demuestra la invasión en la autonomía de la Iglesia sobre su propio patrimonio que presupone el nuevo Anteproyecto de Ley del Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio de 2021»

EL principio constitucional de cooperación es uno de los más importantes en las relaciones del Estado español con las confesiones religiosas y la Iglesia católica. Año tras año, la Conferencia Episcopal Española presenta su memoria de actividades, en la que muestra lo que la fe de los católicos le permite devolver a la sociedad en la que vive. La atención en los hospitales, centros de caridad, comedores sociales, colegios, universidades, asociaciones, fundaciones, parroquias y otras instituciones han cobrado una relevancia especial durante el tiempo de pandemia.

Todo lo que la Iglesia es, lo que recibe y lo que tiene, lo pone al servicio de los demás, porque la Iglesia coopera. Coopera cuando defiende la libertad religiosa de todos los ciudadanos, y la propia; coopera cuando defiende la vida; coopera cuando defiende la libertad educativa; coopera cuando mueve a sus fieles a ayudar a los más desfavorecidos; coopera al recibir a los extranjeros y refugiados, al atender a los enfermos, ancianos y vulnerables; al enterrar a los difuntos y al consolar a sus familiares; y también coopera cuando construye, mantiene y difunde el patrimonio milenario legado por tantas y tantas generaciones de cristianos católicos, como expresión generosa de su fe para el servicio de las generaciones futuras.

Una vez más, sale a la palestra de la opinión pública la cuestión de las inmatriculaciones. Se pone en duda la legitimidad de la propiedad de la Iglesia respecto de los bienes inmatriculados por certificado. Se olvida que este sistema nació con el propio Registro de la Propiedad a finales del siglo XIX, fue mantenido por la II República y se prolongó con sucesivas modificaciones hasta su supresión definitiva para la Iglesia en el año 2015. El doble sistema de acceso registral, complejo para las inscripciones y sencillo para las inmatriculaciones, permitía que las dos únicas instituciones con inmuebles previos a la constitución del Estado moderno –la Iglesia católica y el propio Estado– pudieran inmatricular –es decir, inscribir por primera vez– sus fincas carentes de título dominical, aumentando las entradas registrales y haciendo del Registro de la Propiedad una herramienta útil y segura. En otras palabras, cuantas más inmatriculaciones hubiera en el Registro, más seguro era éste en lo que declaraba.

Sin embargo, al leer los inicios del Registro de la Propiedad desde la perspectiva del siglo XXI, se suele afirmar, errónea e injustamente, que la Iglesia católica se ha apropiado de algo que no es suyo, al usar el único sistema legal de inmatriculación que podía utilizar para muchos de sus bienes, y se tiende a olvidar que la inmatriculación e inscripción registral no es constitutiva del derecho de propiedad sobre los bienes inscritos, sino meramente declarativa del contenido registral.

Si la Iglesia no hubiera inmatriculado ningún bien, seguiría siendo la propietaria de esos bienes sin inmatricular. Pero la Iglesia cooperó y actuó con diligencia cumpliendo las normas civiles en todo momento, facilitando así la labor de la Administración.

En 1998, aún estaban sin inmatricular gran parte de sus bienes debido a una clausula de exclusión –que no prohibición– que afectaba a los lugares de culto por considerarlos inalienables, y se aplicaba, a veces sí y a veces no, a buena parte de las iglesias y catedrales con la imposibilidad de inmatricularlas en muchos casos, cosa que afectaba nuevamente a la inseguridad del Registro de la Propiedad. Y la Iglesia también cooperó en aras de una mayor claridad y seguridad respecto de la titularidad de su patrimonio.

No nos engañemos, no interesan las ermitas en ruinas, las iglesias debajo de pantanos o las capillas sepultadas por carreteras que aparecen en el listado de inmuebles que el Gobierno entregó al Congreso de los Diputados en febrero de 2021, sino las catedrales de siempre, como demuestra la invasión en la autonomía de la Iglesia sobre su propio patrimonio que presupone el nuevo Anteproyecto de Ley del Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio de 2021, al constituir patronatos que deciden por encima de sus legítimos propietarios sobre la utilización de los lugares sagrados más importantes que hayan sido declarados Bienes Culturales de Interés Mundial.

Pero la Iglesia nuevamente ha cooperado, porque nunca se ha opuesto a colaborar con las autoridades seculares ante cualquier irregularidad patrimonial del tipo que sea. Así, ofreció su disponibilidad a participar en el grupo de trabajo propuesto por el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española para estudiar el listado. Ha cooperado otra vez al estudiar el listado en profundidad entre la Conferencia Episcopal y la totalidad de las diócesis españolas, detectando sus repeticiones, inscripciones realizadas por transmisión –que no por inmatriculación y por tanto no deberían aparecer–, bienes inexistentes, transmisiones aún no inscritas por terceros, cerca de mil fincas que no le constan haber inmatriculado y que sin embargo aparecen inscritas junto a otras irregularidades. Y finalmente, la Iglesia ha vuelto a cooperar al entregar al Gobierno el análisis del listado con todas las irregularidades detectadas, sin saber bien para qué, dado que, presumiblemente, apenas habrá alguna de las irregularidades que resulten de interés a las autoridades autonómicas o locales.

Hoy se presume nuevamente en muchos medios que la Iglesia se ha apropiado ilegítimamente de lo que no es suyo, a pesar de que la propia exministra doña Carmen Calvo afirmara en febrero de 2021 que «las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia católica se han producido al amparo de una situación legal».

La Iglesia tiene el derecho al uso y disfrute de su patrimonio con la libertad constitucional que le corresponde en el Estado de derecho, un patrimonio que, ciertamente, es de los ciudadanos: aquellos que se llaman cristianos y se apellidan católicos.

Con todo, la Iglesia seguirá realizando con su Patrimonio una cooperación diligente… e inteligente.

Ejercicio de transparencia en la Iglesia y correcta actuación registral

Ante los titulares periodísticos aparecidos en los días pasados sobre el resultado de la investigación hecha por la Iglesia de los bienes que tiene inmatriculados en el Registro de la Propiedad, creo conveniente hacer algunas aclaraciones por razones de justicia e imagen, tanto de la Iglesia como de la institución registral. Y muy en especial, por la referencia a la provincia de Soria de la que se insinúa tiene la Iglesia bienes irregularmente inmatriculados, cosa rotundamente falsa.

La Iglesia Católica ha podido inmatricular sus bienes en el Registro de la Propiedad con certificación eclesiástica de dominio expedida por el obispo del lugar, acreditativa de poseerlos desde tiempo inmemorial y tenerlos en su inventario. Esto ha sido así hasta junio de 2015, momento en el que la ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria, establece que, en adelante, la Iglesia Católica ya no podrá utilizar ese procedimiento pues las razones históricas que lo sustentaron ya no tienen razón de ser en la actualidad y que, por tanto, a partir de esta fecha, la Iglesia inmatriculará los bienes que no tenga inscritos como cualquier otra persona física o jurídica, es decir, dos títulos públicos de adquisición, sentencia declarativa, etc.

Lo hecho hasta 2015 por la Iglesia respecto a sus bienes se ajusta a la legalidad vigente en el momento en que lo hizo. Como ya dije en su día y ayer mismo reconoció y ha reconocido el Gobierno: «La Iglesia lo hizo bien». Utilizó el procedimiento legal para poner en orden sus bienes y protegerlos, como tiene que hacer un buen administrador.

Desde sectores sociales y políticos, poco amigos de la libertad religiosa y de la libertad en general, se ha seguido una campaña de desprestigio contra la Iglesia Católica, centrada en lo que absurdamente siguen llamando «ilegalidad» de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta 2015 con mera certificación eclesiástica de dominio, sin más prueba de la propiedad. No voy a insistir mas en lo que ya han dicho jueces, registradores, Dirección General de Registros y del Notariado, y que el pasado lunes reiteró el propio Gobierno de España: se inmatriculó legalmente.

La historia del Informe

A mediados de 2017 se produjo una petición del Gobierno a la Dirección General de los registros y notariado para que, a través del Colegio de Registradores, le proporcionara un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia mediante certificación de su inventario. Recibido el listado, el Gobierno se dirige a la Conferencia Episcopal para que revise el listado de los aproximadamente 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 a 2015 con certificación de dominio por si alguno no fuera de su propiedad y poder así regularizar su situación.

La Iglesia, en un ejercicio de transparencia absoluta, como no lo ha hecho ninguna de las otras entidades públicas que también han inmatriculado por esa vía y lo siguen haciendo a día de hoy, ha revisado todo el listado remitido y ha detectado incidencias en unos 2500 inmuebles que, finalmente, se han reducido a 1000 y que pueden no ser de la Iglesia por muy distintas razones: doble inscripción, desaparición del inmueble, expropiación forzosa, reconocimiento de dominio a favor de ayuntamiento que éste no ha formalizado… y un largo etcétera debidamente documentado. En concreto, la Diócesis de Osma-Soria ha detectado unos bienes del listado remitido que no puede identificar y que no deberían estar en la lista de sus propiedades inmatriculadas, bienes que nunca ha inscrito a su nombre. Otros bienes de ese listado recibido en cada Diócesis detectan duplicidades, bienes inscritos por otras vías, etc…, pero todos de su titularidad y adecuados a la legalidad.

Y ante este hecho, insisto de gran conciencia democrática y transparencia hecho por la Iglesia, se escriben titulares que insinúan que la Iglesia se ha inscrito bienes que no son suyos, apropiándose de ellos con malas artes y que ahora debe devolver porque la han “pillado”. Esos titulares son injustos y faltan a la verdad: no hay apropiación indebida y menos a sabiendas y no se trata tanto de devolución como de corregir incidencias de los listados.

La Diócesis sólo ha inmatriculado los bienes que posee desde tiempo inmemorial y tiene inventariados como propios. Bienes plenamente identificados en su descripción y en su titularidad. Nada se inmatricula en el Registro sin identificar a su titular. Lo que la Iglesia ha inmatriculado en Soria con certificación de su inventario ha cumplido todos los filtros de legalidad pues, de otro modo, no se hubieran inscrito.

A ello puedo añadir, desde mi experiencia profesional de más de 30 años como Registradora, que la Iglesia no ha tenido reparo en cancelar las inscripciones de bienes erróneamente inscritos a su favor cuando algún ayuntamiento o entidad le ha probado mejor derecho y lo ha hecho sin aspavientos y con naturalidad. Asimismo, ha defendido ante los tribunales sus derechos cuando lo ha considerado conveniente y se discutía sobre la propiedad de algún bien (sobre todo con ayuntamientos), acatando la sentencia recaída en cada procedimiento. La Iglesia no quiere nada que no sea suyo.

Ojalá las Administraciones y Corporaciones de derecho público sigan este ejemplo y depuren los listados de sus fincas inmatriculadas con el mismo procedimiento de certificación de dominio que utilizó la Iglesia. Tal vez se encuentren con alguna sorpresa. Sospechar solo de la Iglesia en el uso de este procedimiento revela una doble vara de medir inadmisible en una sociedad democráticamente madura como la española.

Doña Isabel de Salas Murillo
Registradora de la Propiedad número 1 de Soria